Ciudad de México, 27 de febrero. La Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados organizó las Audiencias Públicas para la Reforma Laboral con la participación legisladores, autoridades en materia laboral, representantes patronales, de organizaciones civiles, diversos especialistas y dirigentes sindicales, quienes señalaron que la reforma laboral contiene una serie de planteamientos que afectan a los trabajadores, como el derecho a huelga; además de pedir que en las modificaciones se elimine la tercerización del trabajo (outsourcing), se reduzcan los impuestos a la clase trabajadora y a las prestaciones sociales, entre otros puntos.
Estas audiencias públicas son resultado de un acuerdo de la Comisión de Trabajo en San Lázaro para escuchar las propuestas de diversos sectores en torno a las iniciativas que buscan modernizar y actualizar la legislación laboral.
En la primera mesa, se abordaron los siguientes temas: derecho de asociación y negociación colectiva, voto secreto y democracia sindical, transparencia y rendición de cuentas en los sindicatos y contratación colectiva.
El Secretario General del Comité Central de la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), Mtro. Rodolfo G. González Guzmán, planteó que en una demanda de titularidad la lista que se pida de trabajadores no sea “negra”, porque se deja en estado de indefensión a los empleados para evitar que sean despedidos. En todo caso, propuso: “Esa relación debería quedar bajo resguardo de los juzgados laborales y no ser abierta hasta la etapa de pruebas”.
Criticó el outsourcing, pues se trata de una figura anticonstitucional que afecta el derecho de los trabajadores y pidió a los legisladores mejorar las condiciones de la clase trabajadora y reformar los impuestos tan grandes que pagan en tiempo extra y de prestaciones sociales que se gravaron en la administración pasada.
Contra el outsourcing
El Mtro. González Guzmán dijo que el outsourcing debe tocarse en la reforma, porque es una figura anticonstitucional que afecta los derechos humanos, a la educación, salud y alimentación, pero también a la contratación colectiva, la sindicación, la seguridad en el empleo de los trabajadores. Además, solicitó revisar la jornada laboral, ya que México es de los países donde su población trabaja más de ocho horas diarias y dijo a los legisladores, que tienen en sus manos mejorar las condiciones de la clase trabajadora.
Gilberto Chávez, coordinador de la Comisión de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Barra Mexicana de Abogados, señaló que si bien regular el outsourcing no está en la iniciativa de Morena, es necesario que se reglamente el esquema en la LFT porque “el trabajo no es un artículo de comercio”.
Alejandro Barrios, abogado laboralista de la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga, acusó que en México el uso de la subcontratación “se distorsionó totalmente”, por lo que es necesario que en la LFT se regule para que la empresa contratante de trabajadores sea solidaria de la contratista.
“Estas empresas de outsourcing cuando tienen un problema desaparecen y a los trabajadores los pasan a otra empresa, los trabajadores terminan por aceptar eso, pero si son despedidos, los trabajadores demandan a la empresa y resulta que ésta ya no existe”, subrayó.
Óscar Alzaga, en representación del senador Napoleón Gómez Urrutia, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana, también pidió desaparecer la figura del outsourcing y dar estabilidad en el empleo. “Los trabajadores no tienen perspectiva ni para su sindicato, ni para la huelga ni para la contratación colectiva; tiene que restablecerse este derecho fundamental”.
Alzaga estimó que existe un consenso para sacar adelante una reforma laboral, pero se tiene que fortalecer. Indicó que la mejor forma de mantener al margen a los trabajadores es fomentar la ignorancia de sus derechos. Hay mutilación de los contratos colectivos, que es una forma de depredar los derechos de los trabajadores, por lo que se pronunció por construir un nuevo sindicalismo a partir de los empleados. En la pasada administración hubo reformas regresivas que incumplieron la Constitución. “Es importante reestablecer la jerarquía de la Carta Magna y los tratados internacionales en el ámbito laboral; además, avalar el derecho a la huelga sin la participación de los patrones en los sindicatos”.
El representante del Grupo Restitución del Artículo 123 de la Escuela de Derecho “Ponciano Arriaga”, Jaime Alejandro Barrios Anaya, indicó que sustituir las juntas de conciliación tendrá un costo inherente y debe revisarse si es posible hacerlo o no. El representante de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, Jorge Domingo Viveros, opinó que la iniciativa es lesiva para los trabajadores y debe revisarse en su totalidad, no por artículo. “La propuesta como está deja a los trabajadores en aras del derecho privado”.
